Miguel
Ángel Lara Sánchez[1]
Las
llamadas prestaciones sociales en México son en realidad una parte del salario
de la clase obrera. Es la fracción del salario que socialmente se distribuye
por el gobierno federal y que ha sido conquistada principalmente a través de
las luchas del proletariado urbano y el rural desde que concluyó la revolución mexicana hasta
fines del siglo XX.|
|
Comprende
grandes áreas tales como el gasto gubernamental en salud, educación, vivienda,
transporte, cultura, seguridad y recreación, por citar las más relevantes y
cubren prácticamente desde el alumbramiento hasta la muerte del trabajador. Las
fuentes de financiamiento del valor global de esta fracción social del salario,
poniendo el ejemplo de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), provienen del salario mismo de la clase obrera y de las clases
trabajadoras en general: el descuento directo del 1.125% del salario del
trabajador, el 5.15% que aparentemente aporta el patrón, pero que en realidad
lo toma del salario y el 0.225% que supuestamente proporciona el Estado, pero
que proviene de la recaudación tributaria.
Esta
última es la que suministra por lo general los medios económicos que en el
presupuesto de cada año van destinados a la parte social del salario arriba
referida.
La
lucha de los pueblos en las dos guerras mundiales del siglo XX así como el
hundimiento del colonialismo y la extensión de las revoluciones socialistas
hasta 1976 abrieron una época en que esta fracción social del salario creció de
manera significativa e incluso tipificó al Estado del bienestar para evitar más
desprendimientos revolucionarios. Igualmente coincidió con el auge del fordismo
como la principal forma de producción de extracción de plusvalía relativa hasta
su agotamiento, en la década de los años 1970 y particularmente en la crisis
general del capitalismo de esos años.
En
adelante la política neoliberal se fue imponiendo en la mayoría de los países
capitalistas y con ella se abrió un período histórico de continua reducción del
valor de la fuerza de trabajo y sobre todo del salario, tanto en su asignación
individual como a escala social.
Para
el caso de nuestro país, fue a partir de 1997 (y más tarde, en 2007 en el caso
del ISSSTE), que la oligarquía comenzó la drástica reducción de la parte social
del salario con la creación del sistema de cuentas individuales para el retiro
en los nuevos trabajadores que se incorporaban a las filas del IMSS y
administradas directamente por el capital bancario y financiero a través de las
Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE), que
son los instrumentos financieros de las Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFOREs).
Le
siguieron en 2012 un conjunto de modificaciones con las reformas a la Ley
Federal del Trabajo, entre las cuales destacan la flexibilización de las
obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento, la
afirmación de la subcontratación, los contratos de primer empleo, el rompimiento
de la jornada de 8 horas y el establecimiento de la jornada por horas, por
citar algunas, que lo mismo afectaban el salario nominal, que la fracción
social del salario.
Inmediatamente
después sobrevino la reforma hacendaria, que también arrancó otros fragmentos
del salario del trabajador al gravar prestaciones que antes estaban exentas y
al aumentar el impuesto al consumo final.
En
materia de educación, la política que siguió la oligarquía consistió en la
privatización gradual de la educación a todos los niveles mediante el
estancamiento en la construcción de nuevos planteles de educación pública y el
aliento de la educación privada.
Hoy,
por ejemplo, de 136 mil aspirantes a la licenciatura en la UNAM registrados en
la primera ronda, únicamente se quedó el 8.9%.[2] Además, bajo el pretexto
de la creación de la Secretaría de Cultura, la degradación en la calidad de la
educación ha llegado a situar a centros de enseñanza fundamentales bajo
entidades de gobierno de segundo orden. De ser coordinados directamente por la
SEP, ahora instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad
Pedagógica Nacional o la Universidad a Distancia de México pasarán a cargo de
una subsecretaría, lo cual lleva como propósito la degradación de la educación
y con ello el abaratamiento de la fuerza de trabajo calificada.
Asimismo,
el Sistema de Evaluación, además de haber sido proyectado como un medio
político para acabar con la fuerza de los maestros democráticos agrupados en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, va acompañado de un
conjunto de reducciones en esa fracción del salario llamada prestaciones. Es
una escalada de precarización que comprende todos los niveles de la docencia en
nuestro país.
Por
lo que se refiere a la parte social del salario dedicada a la cultura, el
esparcimiento y la convivencia familiar de los obreros, desde las
modificaciones a la Ley del Seguro Social de 1997 comenzó la privatización de
numerosos segmentos tales como los centros vacacionales. Fuera de dicha ley
también se privatizaron salas de arte cinematográfico, espectáculos en los
parques públicos, se comenzó a mercantilizar el acceso a museos y hasta en
monumentos históricos. Y todo lo que se privatiza va disminuyendo el salario
real del obrero.
Por
su importancia, nos detendremos en el reciente proceso de desmantelamiento del
sistema mexicano de salud y de pensiones.
Dos
son los ejes de la destrucción: el primero, llamado oficialmente “Universalización de los servicios de salud”,
recientemente aprobado el 8 de abril del año en curso. Bajo la apariencia de la
extensión general de dichos servicios en la primera fase que comprende a los
estados de México, Oaxaca y Baja California Sur, se persigue el abaratamiento
de esta función social vital y la mayor privatización, pues el esquema
únicamente incluye 14 servicios clínicos, entre los cuales se encuentran
resonancias magnéticas y cuidados intensivos para todas las edades. Los
restantes servicios de alto grado de calificación y por lo tanto, de alto
costo, no están comprendidos.[3]
A
esto se agrega la subrogación progresiva de otra clase de servicios de
importancia vital como la reciente contratación de empresas privadas para
servicios de laboratorios de análisis clínicos, los llamados “procedimientos de
mínima invasión” tales como ortopedia, cirugía general, bancos de sangre y
oftamología, que al año suman la cantidad de 200 mil, que le costarán solamente
al IMSS 16.5 miles de millones de pesos (mmdp) durante los próximos tres años.[4]
El complemento de la llamada universalización
es el del sistema de pensión universal.
Para el año 2014, el IMSS tiene registrados 3.5 millones de trabajadores que
están pensionados y junto con los del ISSSTE,
suman poco más de 5 millones, que frente al total de adultos mayores que
hay en el país, representan apenas el 26%, lo que indica que el 74% se
encuentra abandonado a su suerte.[5] La misma fuente nos indica
que el gobierno federal desembolsó 2.5 billones de pesos para los fondos de
pensiones durante 2015. Una parte de este dinero la mueven las dos
instituciones más grandes de seguridad social existentes, pero aproximadamente
la mitad la administran las SIEFORE.
Para los trabajadores, los rendimientos de sus ahorros en estas instituciones
de la gran burguesía financiera apenas reportan el 5% anual, mientras que para
estos últimos han llegado a más del 60% en algunos años.
Sin
embargo, quieren más. Actualmente la aportación al fondo equivale al 6.5% del
salario de los trabajadores, pero con las modificaciones que pretende la
oligarquía la quiere llevar al doble o incluso al 15%. ¿Cómo llega a este
resultado? Entre otras, con la propuesta de transferir a los fondos de
pensiones las aportaciones al INFONAVIT, que representan el 5% del salario del
obrero, y presionando para que éstos realicen “ahorros voluntarios” de un 2.5%
adicional.[6]
Pero
el saqueo no se limita a esto. Desde el año anterior la oligarquía, a través de
sus voceros en las Cámaras y en el poder ejecutivo, abrió su propuesta de
rasurar las pensiones de los trabajadores que entraron a laborar antes de las
reformas de 1997 bajando el tope de 25 salarios mínimos de pensión a 10, y eliminando el pago con el promedio salarial
de los últimos cinco años trabajados.
De
imponerse estas propuestas por la oligarquía, la precariedad de la clase obrera
mexicana será mucho mayor, pues el mismo Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, reconoce que las pensiones en México están entre las más bajas del
mundo, pues apenas equivalen al 30% del salario, aunque la Consar las sitúa más
abajo, en el 26%, mientras que el promedio mundial de las pensiones representa
el 62% del salario del trabajador. Todavía más: pretenden aumentar el tope
máximo de colocación de los fondos de pensiones en la especulación bursátil
internacional, que actualmente está limitada a no más del 20%.
Por
lo tanto, la gran burguesía lleva adelante una ofensiva en la seguridad social
en diferentes planos: saqueando más al trabajador en su vida laboral activa
para que aporte un porcentaje mayor de su salario al fondo de pensiones,
disminuyendo de manera sustancial la pensión de aquellos que empezaron a
cotizar antes de 1997, apropiándose de los fondos de vivienda de todos los
trabajadores, aumentando el porcentaje de los fondos de pensiones que pueda ser
colocado en la especulación internacional y no menos importante, haciendo
trabajar a la clase obrera más años y aumentando la edad para pensionarse. Y
todo esto en un país donde los trabajadores son los que menos ingresos perciben
de los países de la OCDE y donde los empresarios se colocan entre los que
obtienen las tasas de excedente neto más altas de dicha agrupación de países.
Recientemente,
el 12 de abril, se terminó de formular
otra serie de propuestas de reformas a las leyes laborales por un grupo de
funcionarios que, al amparo de problemas reales como la transparencia sindical
o los contratos de protección, es muy probable que filtren una serie de
modificaciones lesivas a la clase obrera. Por lo pronto, han anunciado
normatividades en la estandarización de mecanismos para sistematizar y
transparentar la justicia laboral y la transparencia sindical, modificaciones
en los emplazamientos a huelga, el registro de los sindicatos, homologación de
criterios entre las autoridades del trabajo, nuevas políticas sobre despido y
contrataciones en la administración pública, etc., entre otras.[7]
En
materia de seguridad las propuestas de reforma que están debatiéndose en las
cámaras son regresivas y acentúan el verticalismo y el perfil autoritario del
Ejecutivo. Nos referimos a la modificación del Art. 29 de la Constitución, al
darle facultades al presidente para decretar el estado de excepción, y la
centralización de los cuerpos policiales y de seguridad, aunque se disfracen de
mando mixto en vez de único, amén de los contenidos lesivos que plasmen en la
creación de las tres leyes secundarias en materia de seguridad.
Mientras
tanto, la inseguridad y la vida misma pende de un hilo frente a la escalada de
violencia y descomposición social y política que se vive en nuestro país. Es
tan evidente, que el propio Secretario de Gobernación ha reconocido
públicamente que actualmente existen siete mil niños y jóvenes no localizados,
es decir, desaparecidos o sin vida.[8]
Resumiendo,
existe una ofensiva de grandes dimensiones por parte de la oligarquía para reducir
al mínimo la parte social del salario de las clases trabajadoras,
particularmente la de la clase obrera y, ya logrado lo anterior, para
apropiarse casi por entero de la administración de los fondos más importantes
que conforman esa parte social del salario, conduciéndolos en una porción
significativa hacia los canales nacionales e internacionales de la especulación
y el fraude.
De
la unificación de las luchas tanto de los trabajadores pensionados como de los
activos, de los eventuales e informales como de los permanentes, del campo y la
ciudad, dependen los grados de afectación al conjunto de las prestaciones
sociales, componentes fundamentales del salario de obreros y campesinos.
16 de abril de 2016
[1] Doctor en Economía. Profesor de la
FES Aragón/UNAM, sindicalista y miembro de la Confederación de Jubilados,
Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C. y de la Nueva
Central de Trabajadores. Correo: melasa17@gmail.com
[2] OLIVARES ALONSO, Emir. De 136 mil
aspirantes a licenciatura de la UNAM, sólo 8.94% lograron quedarse, en: La Jornada. 11 de abril de 2016.
[3] CRUZ MARTÍNEZ, Ángeles. Firman
acuerdo para dar acceso universal a los servicios de salud, en: La Jornada, 8 de abril de 2016
[4] CRUZ MARTÍNEZ, Ángeles. Ahorrará el
IMSS $4,500 millones al licitar servicios de laboratorio, en: La Jornada, 14 de abril de 2016
[5] Véase Grupo de Investigaciones del
Salario y el Empleo (2016). El horizonte
del salario desde cinco puntos cardinales. México.
[6] Véase Leal, Gustavo. Pensiones OCDE:
La SHCP retrocede, pero…, en: La Jornada.
27 de febrero de 2016.
[7] MUÑOZ DÍAZ, Patricia. Dan a conocer
propuestas para elaborar iniciativa de reforma laboral, en: La Jornada, 13 de abril de 2016.
[8] MARTÍNEZ, Fabiola. Hay en el país 7
mil niños no localizados: SG, en: La
Jornada, 8 de abril de 2016.
